El presidente peruano Pedro Castillo presentó el lunes al Parlamento un proyecto para que una Asamblea Constituyente elabore una nueva Constitución, pero el Congreso comentó que el plan era inviable e inconstitucional.
El plan propone que en una cédula adicional, durante las elecciones regionales y municipales de octubre, se pregunte: “¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?” con las alternativas: sí o no.
Castillo anunció su propuesta el viernes y el lunes envió su iniciativa al Parlamento. Ocurre luego de casi un mes de protestas por el alza de los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes a causa de una inflación global, la guerra en Ucrania y la escasa habilidad del gobierno y el Parlamento para ayudar a la población.
El primer ministro Aníbal Torres dijo en conferencia de prensa que el plan de una Asamblea Constituyente no implica que se cierre el Congreso o el Ejecutivo. Precisó que los dos poderes seguirán ejerciendo sus funciones “por el periodo por el cual han sido elegidos”, hasta el 28 julio de 2026.
La presidenta del Congreso —dominado por la oposición—, María Alva, dijo más temprano a periodistas que el plan del Ejecutivo era “inviable”, “inconstitucional” y usado por el gobierno como “distracción”. En una muestra de la discordia entre ambos poderes del Estado, Alva indicó que desde el primer día del gobierno de Castillo, 28 de julio de 2021, el Ejecutivo ha buscado “cerrar el Congreso”. Alva —que dirige un Parlamento que en nueves meses ha buscado dos veces destituir a Castillo— añadió “desde acá estamos tratando que esto no se vuelva ni Cuba ni Venezuela”.
El camino para que se pueda ejecutar la consulta en octubre resulta muy complicado porque el proyecto del Ejecutivo primero pasaría a la comisión de Constitución dominada por la oposición y, si logra ser aprobada, recién sería trasladada al pleno del Legislativo, donde tendría que conseguir 66 votos, una cantidad que los aliados del mandatario no alcanzan.
Mostrando las históricas diferencias entre Lima y el resto del país, el primer ministro indicó que “en las provincias existe la exigencia de que se convoque a una Asamblea Constituyente”, mientras que en Lima, “la población es distinta, en Lima la población está en contra de la Asamblea Constituyente”. El primer ministro precisó que el gobierno ha presentado diversas iniciativas al Parlamento para realizar cambios parciales en la actual Constitución y acabar con la incertidumbre política o en mejora del interés público que no han sido acogidos.
Torres explicó que buscan que la economía peruana se asemeje a un economía social de mercado similar a la de Alemania, Francia, Italia o España “donde hay diferencias sociales, pero no con la profundidad que hay aquí, una diferencia extrema entre unos pocos que tienen todo y otros que prácticamente no tienen derechos fundamentales. A los que tienen todo no les estamos quitando nada, simplemente les estamos diciendo paguen sus impuestos”.
Comentó, entre otros aspectos, que existe la necesidad de combatir los monopolios o la posición de dominio en el mercado, terminar con la actividad subsidiaria y económica del Estado que no permite tener empresas estatales para administrar recursos estratégicos —como Chile con su compañía estatal para extraer el cobre— y terminar con contratos protegidos por la actual Constitución que no pueden ser cambiados en el tiempo que, según dijo, favorecen de forma absoluta a un grupo de empresas las cuales tienen ventajas sobre otras y no existen posibilidades de desarrollo del libre mercado.
La iniciativa presidencial indica que la eventual Asamblea Constituyente estaría conformada por 130 asambleístas —igual número que el actual Parlamento unicameral— donde 40% serían representantes de partidos políticos, 30% candidatos independientes, 26% representantes de pueblos indígenas y 4% representantes de pueblos afroperuanos. Según el plan, los asambleístas tendrían hasta un año para elaborar una nueva Constitución y tres meses después se convocaría a un referéndum para que los peruanos la aprueben o rechacen.
Aníbal Torres comentó que si el Congreso rechaza el proyecto del Ejecutivo “no va a haber nada frente a ese rechazo”.
En las más recientes manifestaciones por la inflación, el pedido de una nueva Constitución —que reemplace a la actual de 1993— ha sido frecuente sobre todo en otras regiones fuera de Lima, pero no queda claro si es un anhelo mayoritario. Una encuesta nacional de febrero del Instituto de Estudios Peruanos y publicada en el diario La República indica que 52% quiere cambios constitucionales parciales y 28% quiere cambiar a una Carta Magna.
En marzo Castillo negó que quisiera promover una Asamblea Constituyente, pero en julio de 2021, cuando asumió el poder, prometió impulsar un plan para reescribir la Carta Magna. Esa fecha dijo que la Constitución beneficia “a las grandes corporaciones”. Añadió que el Estado debe tener libertad para promocionar, vigilar y regular según el interés de las mayorías.
Perú vive una inestabilidad política desde 2016, con cinco presidentes y tres Congresos unicamerales. El Parlamento y el presidente son muy impopulares, según todas las encuestas. En abril la firma Ipsos indicó que 79% desaprueba al Congreso y 76% al mandatario.
El gobierno de Castillo está programado para finalizar en 2026.
AP
